El Ius Standi del Individuo ante Instancias Internacionales

El ius standi, o legitimación activa,es la capacidad jurídica para iniciar una acción ante un tribunal o autoridad competente. El ius standi del individuo ante instancias internacionales constituye una de las manifestaciones más relevantes de la evolución del Derecho Internacional público. Tradicionalmente, los sujetos del Derecho Internacional eran los Estados, relegando al individuo a la esfera del derecho interno. No obstante, el desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario ha consolidado la capacidad del individuo para accionar frente a violaciones de derechos consagrados en instrumentos internacionales.

1. Concepto de Ius Standi

El ius standi se refiere a la capacidad procesal que tiene un individuo, grupo o entidad para acudir ante un órgano jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional internacional con el fin de reclamar la tutela de sus derechos. En el contexto internacional, implica la posibilidad de presentar una comunicación, petición o demanda ante un organismo competente, como por ejemplo la Corte Europea de Derechos Humanos (TEDH) o el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

En el ámbito interno, el ius standi se refiere a la capacidad legal de una persona para iniciar un procedimiento judicial o administrativo. Esta legitimación no es absoluta y depende de la existencia de un interés legítimo, implica que el demandante debe tener un interés legítimo en el asunto que se está litigando. La legislación estatal reconoce la legitimación a quienes invoquen un interés legítimo, incluyendo a quienes, sin ser titulares directos, sufren una lesión real y efectiva por la vulneración de derechos de otros con quienes mantienen un vínculo jurídico.

En el contexto interno español, la legitimación activa está regulada por diversas disposiciones legales y está vinculada al derecho a la tutela judicial efectiva. Así, el artículo 24.1 de la Constitución Española garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que incluye el derecho a acceder a la jurisdicción. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, establece que las partes deben tener un interés en el litigio. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, también establece normas sobre la legitimación activa, permitiendo a los interesados en la defensa de sus derechos y libertades interponer recursos administrativos y contenciosos. Además, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también ha ido configurando este derecho.

En el ámbito internacional, el ius standi se encuentra regulado en diversos tratados y convenios, debiendo recordar que también aquí la tutela judicial efectiva es un derecho humano fundamental. Como ejemplo de los instrumentos que regulan el ius standi podemos mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho de toda persona a interponer recursos ante tribunales competentes para la protección de sus derechos. Esto implica que, en general, cualquier individuo que alegue una violación de sus derechos puede tener acceso a la justicia, aunque las especificidades pueden variar según el sistema jurídico.

2. Diferencias con el Locus Standi

Es importante no confundir el ius standi con el locus standi. El locus standi es un término más común en sistemas de derecho anglosajón (common law) y se refiere a la posición jurídica que una persona debe tener para presentar una demanda o recurso ante un tribunal. Este concepto evalúa si el demandante tiene una conexión suficiente con el caso y si ha sufrido un perjuicio o tiene un interés directo en el asunto. Mientras que el ius standi se refiere a un derecho más amplio y abstracto para acceder a un tribunal, el locus standi implica una legitimación más concreta y limitada, basada en un interés personal y directo en el caso.

Para entender la diferencia entre ambos conceptos haremos uso de la clasificación de Carnelutti. El jurista italiano Francesco Carnelutti distingue dos tipos de sujetos en un litigio:

• Sujetos del litigio: Aquellos que pueden comparecer válidamente en el proceso sin ser quienes iniciaron la acción.
• Sujetos de la acción: Aquellos que tienen la capacidad de iniciar el proceso y participar activamente en él.

En el ámbito internacional, se hace una distinción similar y paralela:

• Locus standi: Corresponde a los sujetos del litigio, es decir, aquellos que tienen la posibilidad de ser parte en un proceso, aunque no sean quienes lo inician.
• Ius standi: Corresponde a los sujetos de la acción, es decir, aquellos que tienen la facultad de iniciar el litigio.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha utilizado esta distinción en casos como Sudoeste Africano y Barcelona Traction, reafirmando la diferencia entre la posibilidad de ser parte en un litigio y la capacidad de iniciarlo.

Supongamos un caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ):

• Un Estado puede tener locus standi si está afectado por un conflicto, lo que significa que tiene derecho a participar en el litigio.
• Un Estado que tiene ius standi es aquel que tiene la facultad de iniciar el proceso ante la CIJ, es decir, puede demandar activamente a otro Estado.

En el ámbito de los derechos humanos, una persona puede tener locus standi ante un tribunal internacional de derechos humanos si es víctima de una violación, pero si el sistema no permite que los individuos inicien casos directamente (ius standi), necesitará que un Estado o un organismo actúe en su nombre.

En definitiva, mientras locus standi se refiere a la capacidad de ser parte en un proceso, ius standi implica la facultad de iniciar una acción ante un tribunal internacional.

3. Fundamento Normativo del Ius Standi

El reconocimiento del ius standi del individuo encuentra su base en diversos tratados internacionales, entre los que destacan:

• Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH): El artículo 34 otorga a cualquier persona, grupo de particulares o entidad no gubernamental la posibilidad de presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por violaciones imputables a un Estado parte.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP): El Primer Protocolo Facultativo permite a los individuos presentar comunicaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): Bajo el artículo 44, cualquier persona o grupo puede interponer peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
• Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos: Este instrumento, adoptado en 1981, permite a los individuos presentar comunicaciones ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Posteriormente, el Protocolo de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1998) estableció un tribunal con competencia para conocer demandas individuales en los Estados que han reconocido su jurisdicción.

En cuanto a Asia, no existe un sistema regional de protección de derechos humanos equiparable a los de Europa, América o África. No obstante, se han impulsado iniciativas como la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN (2012), que si bien no establece un mecanismo contencioso de ius standi para individuos, representa un paso hacia una mayor institucionalización de la protección de derechos en la región.

Históricamente, el acceso del individuo a instancias internacionales ha sido un proceso gradual. En sus inicios, el Derecho Internacional consideraba a los Estados como los únicos sujetos con legitimación activa. Sin embargo, con la consolidación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos tras la Segunda Guerra Mundial, se reconoció que los individuos también pueden ser titulares de derechos y acudir directamente a instancias supranacionales.

Ejemplo de este desarrollo es el caso Lawless vs. Irlanda (1961) ante el TEDH, en el que por primera vez se admitió una demanda individual contra un Estado en el marco de la CEDH. Asimismo, en el sistema interamericano, el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988) consolidó la doctrina sobre la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos y reafirmó la capacidad del individuo para presentar denuncias ante la CIDH.

Estos instrumentos consagran la capacidad del individuo no solo como objeto de protección internacional, sino también como sujeto activo con capacidad procesal ante foros supranacionales. No obstante, la efectividad de este acceso depende de la voluntad de los Estados para reconocer la competencia de estos órganos y ejecutar sus resoluciones.

4. Requisitos de Admisibilidad y Procedimiento

Para que una comunicación o demanda sea admitida ante una instancia internacional, el individuo debe cumplir con ciertos requisitos comunes:

• Agotamiento de recursos internos: El reclamante debe demostrar que ha recurrido a todas las vías judiciales disponibles en el ordenamiento interno, salvo que existan demoras injustificadas o falta de garantías procesales.
• Plazo de presentación: Generalmente, las peticiones deben ser presentadas dentro de un plazo razonable tras la decisión interna definitiva.
• No duplicidad de procedimientos: No se admitirán reclamaciones que estén siendo examinadas por otro organismo internacional.

La carga probatoria recae en el peticionario, quien debe acreditar la vulneración de un derecho reconocido en el tratado correspondiente.

5. El Ius Standi ante Tribunales Penales Internacionales

En el ámbito del Derecho Penal Internacional, el individuo no solo puede ser titular de derechos, sino también objeto de responsabilidad penal. El ius standi en este contexto se manifiesta principalmente en tres vertientes:

• Como víctima: Los Estatutos de la Corte Penal Internacional (CPI) permiten a las víctimas participar en los procedimientos y presentar observaciones, conforme a los artículos 68 y 75 del Estatuto de Roma. Además, pueden solicitar reparación de daños cuando se dicte una sentencia condenatoria.
• Como testigo o tercero interviniente: En algunos casos, los individuos pueden participar como testigos o en calidad de terceros intervinientes, contribuyendo con pruebas en los procedimientos internacionales.
• Como acusado: El individuo imputado tiene derecho a la defensa y a un juicio justo, en conformidad con el artículo 67 del mismo Estatuto. La responsabilidad penal individual en el Derecho Internacional se ha consolidado a través de tribunales como el Tribunal de Núremberg, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), culminando en la creación de la CPI.

Si bien el individuo no puede iniciar una acción penal directamente ante la CPI, su participación como víctima, testigo o acusado refleja su condición de sujeto del Derecho Internacional.

6. Limitaciones y Desafíos Actuales

A pesar de los avances, el ius standi del individuo ante instancias internacionales presenta ciertas limitaciones:

• Jurisdicción ratione materiae y ratione personae: Los tratados internacionales delimitan los derechos protegidos y las partes legitimadas para actuar.
• Implementación de las decisiones: Los órganos internacionales carecen de fuerza coercitiva para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones, dependiendo de la voluntad de los Estados.
• Acceso restringido: No todos los sistemas internacionales permiten la presentación de demandas individuales. Por ejemplo, en el ámbito de la ONU, los Comités solo pueden conocer de comunicaciones individuales si el Estado ha ratificado el protocolo facultativo correspondiente.

7. Conclusiones

El ius standi del individuo ante instancias internacionales representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos y en la evolución del Derecho Internacional. Si bien persisten limitaciones estructurales y prácticas, la capacidad del individuo para accionar frente a violaciones estatales constituye un pilar esencial en la consolidación de un orden jurídico internacional centrado en la dignidad humana y el acceso a la justicia más allá de las fronteras nacionales.