¿Qué son los falsos positivos?

Cuando hablamos de “falsos positivos” nos estamos refiriendo a una serie de asesinatos de civiles cometidos en Colombia por parte de miembros del Ejército Nacional de Colombia y fuerzas paramilitares que operaban conjuntamente y que se sucedieron principalmente durante el periodo entre 2002 y 2008. Existen falsos positivos con anterioridad a esa fecha, pero es especialmente a partir de ahí que la frecuencia se hace mucho mayor. El escándalo estalló por las denuncias de familiares de las víctimas, quienes revelaron que militares habían matado a civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.

La Corte Penal Internacional los describe como ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas públicas para que parezcan bajas legítimas de guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate.

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos los define como “ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por la fuerza pública para que parezcan bajas legítimas de guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate”. Esta caracterización permitía establecer que algunos elementos comprendían la ejecución, la manipulación, el sujeto activo calificado y la presentación de la víctima como una baja legítima. A la hora de estudiar su condición jurídica y su calificación como delito internacional, tal como señala la Federación Internacional por los Derechos Humanos, el fenómeno de los “falsos positivos” puede constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

¿Por qué ocurría?

Uno de los motivos fue la existencia de fuertes incentivos y recompensas a aquellos que causaran bajas en el otro bando, lo que llevó a que se asesinaran civiles para hacerlos pasar por bajas reales y así acceder a los mismos. Estos miembros del ejército tenían la intención de presentar a los civiles asesinados como guerrilleros para obtener beneficios como por ejemplo días de descanso, medallas o proyecciones de ascenso en la jerarquía militar.

Por otro lado, existía presión dentro de las unidades militares para mostrar avances y que iban ganando terreno al enemigo. Algunas confesiones demostraron que si no se presentaban suficientes muertes la carrera militar peligraba. Tal como señaló el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, “es evidente que entre los militares el resultado satisfactorio solía medirse en términos del ‘número de bajas’ del enemigo, es decir, de miembros de las FARC y de otros grupos muertos en combate”. Por otro lado, los falsos positivos permitían al Estado engrosar las cifras de bajas en el enemigo y engordar de modo criminal las “estadísticas de éxito militar”.

Es importante comprender que no se trataba de casos aislados, sino que se trataba de prácticas extendidas. La ONG Human Rights Watch (HRW) asigna una supuesta responsabilidad a los altos mandos militares en su informe “El rol de los altos mandos en los falsos positivos: evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles”. Para entender su magnitud podemos señalar que según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al menos 6.402 personas civiles fueron asesinadas y víctimas de muertes ilegítimamente presentadas por el Estado como bajas en combate entre 2002 y 2008. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación había abierto 3.712 investigaciones “relacionadas con muertes ilegalmente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública” ya en 2021. Tales cifras evidencian sistematicidad y generalidad al registrarse en toda la geografía colombiana (si bien con algunas diferencias entre zonas) y comprometer más de cinco mil funcionarios públicos de más de ciento ochenta unidades militares y de policía.

El tema sigue hoy todavía resultando muy difícil de abordar en Colombia, existiendo amenazados por revelar casos, victimarios y el modus operandi de los asesinatos, y a los que se suman los militares, policías y paramilitares que se acogieron a la Jurisdicción Especial para
la Paz.